Calderón reprobado en Seguridad Pública

Ineficiencia del gobierno federal en materia de seguridad pública, revela análisis de su tercer informe de gobierno.

Por Adolfo Miranda Castillo, José Alfonso Suárez del Real y Victoria Livia Unzueta

Agencia de Noticias Independiente, México, Septiembre 28 (Centro de Estudios en Seguridad Pública).- Los resultados en seguridad pública son un desastre documentado. El gobierno mexicano ha aumentado el presupuesto, el personal asignado y ha saturado las cárceles, pero la acción desarrollada no consigue avances significativos.

En la medida que cada vez se destinan más recursos sin alcanzar resultados, es claro que la política gubernamental es cada día más ineficiente.

La política mantenida hasta ahora no es la adecuada para que el gobierno cumpla con su responsabilidad constitucional en seguridad pública y al mismo tiempo demuestra un costo mayor, tanto social como económicamente.

En opinión del Centro de Estudios en Seguridad Pública, existen 10 datos que permiten afirmar y demostrar los anteriores cuestionamientos usando tan sólo los datos gubernamentales publicados en el Tercer Informe de Gobierno recientemente presentado.

1. El presupuesto federal continua a la alza.

El gasto público se organiza por ramos y también por funciones. Al comparar el gasto agrupado como “función” se identifica que en 2008 se asignaron 69,584.9 millones de pesos, que durante el ejercicio el gobierno incrementó a 70,835.4 millones y que para el 2009 se programaron 91,153.2 millones.

Lo anterior refleja una tasa de crecimiento del 31% con respecto de los recursos asignados en 2008 contra los recursos asignados en el año 2009.

Además, debe señalarse que la tendencia de crecimiento de la función ha estado aumentando de forma muy significativa en cada año, de manera que ya tienen una tendencia histórica al alza, como puede apreciarse por 7años consecutivos en la siguiente tabla.

Año Millones de pesos

2003 26,333.9

2004 30,906.1

2005 35,142.4

2006 42,394.3

2007 54,508.9

2008 67,587.5

2009 91,153.2

2. Se incrementó el personal de oficina del Ministerio Público y se aumentó el personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la PGR llama la atención que el aumento de personal no sea de carácter técnico o con capacidad de despliegue operativo, sino en el personal con funciones administrativas y de dirección.

De esta forma en el 2008 había 9,616 elementos considerados como personal directivo y administrativo que, para el año 2009, sumaron 12,992 elementos. Por lo que respecta a los elementos operativos reportados como delegados, seguridad a funcionarios y campaña contra el narcotráfico pasaron de 2,155 en el año 2008 a 2,035 en el año 2009. Respecto a los agentes del Ministerio Público existió solo un pequeño crecimiento pues de 2,797 se pasó a 3,299 elementos.

La Secretaría de Seguridad Pública ha incrementado de forma sostenida la cantidad de sus elementos policíacos pues de 24,478 miembros pasó a 31,936 y finalmente ahora tiene 32,264. Este incremento, sin embargo, no se ha convertido en una mejora de la seguridad de los ciudadanos, que finalmente es el objetivo a cumplir.

3. Concentración de los recursos en compras de equipo y acciones punitivas.

Los recursos federales y estatales se concentran en la compra de equipo, tecnología y armamento. Ese uso de los recursos públicos se ha realizado sin asumir, ni reportar con el detalle necesario, la calidad e integridad de los recursos humanos, que es un elemento fundamental para que los recursos tecnológicos y materiales tengan un uso adecuado, y al mismo tiempo se descuida la política de prevención del delito.

El Tercer Informe de Gobierno reporta el destino de los recursos públicos, incluyendo tanto los provenientes del Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública como los recursos estatales, que alcanzaron la cifra de 8,056.9 millones de pesos para 2008.

Al analizar su distribución se identifican dos extremos: por una parte el renglón destinado a equipo, tecnología y armas consume 48% del total, mientras la participación de la comunidad recibe un 2% y el desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación sólo recibe un 3%.

De esta forma la importancia que se otorga a la participación ciudadana es sólo discursiva y la debilidad de la evaluación no propicia ni mejora la calidad en la rendición de cuentas.

Aunque para el año 2009 se modificó la presentación financiera denominándola “Financiamientos Conjuntos”, la tendencia en términos generales no mejoró, pues la visión primordialmente punitiva se confirmó como dominante en el conjunto del país.

Del total de recursos en 2009, es decir 8975.2 millones de pesos, el 48% se destina a la “Alineación de las capacidades del estado mexicano contra la delincuencia”, mientras que la prevención del delito y la participación ciudadana sólo representa 3 % y los indicadores de medición solo suman el 2%.

Además de la poca cantidad de recursos asignados, la política gubernamental confunde con frecuencia las acciones disuasivas (por ejemplo los patrullajes) con la prevención.

De esta forma se reportan acciones para “unir a la Policía Federal con las comunidades”; como recibir denuncias ciudadanas, impartir pláticas de prevención o capacitar a los jóvenes para detectar y canalizar conductas de riesgo, así como platicas escolares.

El problema es que eso no es prevención social del delito. Son esfuerzos que no inciden en la calidad de vida de la población; que no analizan y diseñan estrategias a partir de los factores de riesgo criminológico vinculados al desempleo, la generación de conductas violentas en el entorno escolar y familiar, o diseñar esquemas de supervisión efectiva por parte de las comunidades a las que se pretende servir.

4. Incumplimiento en el apoyo de recursos federales para el combate al secuestro.

Según el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto de 2008, debía avanzarse con dinero federal en la creación de Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro, en cada una de las entidades federativas.

No obstante la importancia del tema, el Tercer Informe omite mencionar que los recursos que se encontraban destinados para la implementación de estas Unidades Especializadas – 12 millones de pesos por entidad federativa, para un total de 384 millones — forman parte de los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone ajustar para el presupuesto del Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública Federal (ajuste que en este Ramo corresponde a la cantidad de 801 mdp), a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reducción fue comunicada a los Procuradores Generales de Justicia de las entidades federativas en la XII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada el pasado 22 de agosto.

De esta forma no hay efectividad en el apoyo a las entidades federativas en materia de combate al secuestro.

5. Aumenta la saturación de las cárceles.

Respecto de la población internada se identifica una tendencia al alza que satura y rebasa la capacidad instalada. De esta forma de 212,841 internos en 2007 se ha ido escalando hasta llegar a 227,021 internos en las cárceles del país.

Es importante señalar que lo anterior produce una tasa de saturación del sistema que ya alcanza el 32.82%, lo cual incluso superó la cifra de sobrepoblación existente en 2007 de 28.24%. De esta forma la política de seguridad ha rebasado los límites del sistema y contribuye a su deterioro.

6. Los delitos que más se castigan son el robo y el narcotráfico, pero sin que esto revierta la crisis de seguridad.

En el fuero federal la mayor proporción de los internos es por asuntos vinculados al narcotráfico, pues de un total de 31,829 internos considerados como presuntos delincuentes los vinculados a este tipo de delitos fueron 16,874 en el año 2007. Para el año 2008, la totalidad de presuntos fue de 34,856 y de estos, los vinculados a ese tipo de delitos fueron 17,360.

Esta tendencia se ha consolidado, de forma que prácticamente la mitad de los presuntos en el fuero federal están vinculados a narcotráfico.

La cuestión es si ya los procesados representan la mitad de los internos, entonces por qué la criminalidad no cede. La respuesta puede estar en que el tipo y jerarquía de los detenidos y procesados por el sistema no sea la adecuada; es decir es posible que las cárceles se estén llenando de reos de poca monta, que fácilmente son substituidos en el mundo delictivo sin afectar la estructura ni los recursos financieros ni la organización general de los delitos vinculados al narcotráfico.

Por lo que corresponde a los delitos comunes, el delito que llena las cárceles es el robo en distintas modalidades. Esa tendencia general no ha cambiado en varios años.

En el 2007 ocurrió que de 180,222 personas estuvieron vinculados al robo 73,350; mientras que en el año 2008 la cifra de presuntos fue de 177,261, de los cuáles correspondieron 73,630 al ámbito del robo.

De esta forma lo que está ocurriendo es que las cárceles en materia común se saturan por presuntos responsables de robo sin que la incidencia disminuya. Es muy posible que esto ocurra por que se detiene a personas que tienen en común ser jóvenes, desempleadas y por montos relativamente bajos.

7. La variación de la cifra de averiguaciones previas no es significativa ni en corto ni el largo plazo.

Aun con la actividad realizada por el gobierno mexicano la cantidad de averiguaciones previas no disminuye. Esto es significativo, aun sin considerar que los estudios de victimización señalan que la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian ante la autoridad, por lo que la cifra real de hechos delictivos es probablemente mucho mayor.

Aun con esa reserva, si se considera el promedio diario de delitos denunciados del fuero federal y fuero común la evolución no es relevante ni satisfactoria.

8. Debilidad en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

El gobierno mexicano reconoce que existe una infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad federales, destacando que entre septiembre de 2008 y junio de 2009, fueron detenidos 10 servidores públicos de diversas dependencias, entre ellos el ex Titular de la Sub-procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Coordinador General Técnico de la SIEDO y el Director de Inteligencia de la misma Sub-procuraduría; así como el Titular de la Dirección General de Despliegue Regional Policial de la AFI y el Director de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL; además se detuvo a un Mayor y un Capitán del Ejército Mexicano, el primero de ellos en su historial estuvo adscrito a guardias presidenciales, además de dos civiles que fungían de enlace entre ellos y la organización delictiva. El gobierno reporta que todos los infiltrados tenían vínculos con la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva.

En este punto es muy cuestionable la responsabilidad del titular de la misma SSP que en el mejor de los casos careció de información y fue hasta que las autoridades estadounidenses detectaron la infiltración a su embajada cuando se vio en la necesidad de intervenir.

Todos los funcionarios de la SSP debieron haber pasado los mecanismos de control de confianza que tendrían que haber impedido su actuación, por lo que su detención hace ver la debilidad de los sistemas de control de los recursos humanos y la necesidad de una limpieza y renovación de las instituciones de la cual no se proporcionan indicadores ni reportes específicos.

En este sentido, destaca que el total de sanciones administrativas (apercibimientos, amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y sanciones económicas) disminuyó de 5,635 en 2008 a 3,969, en 2009.

En cuanto a la estrategia para el combate al lavado de dinero, debemos establecer que aún y cuando se duplicaron las averiguaciones previas iniciadas y las despachadas, que aumentaron, respectivamente de 64 a 127 y de 70 a 136, únicamente existen siete sentencias condenatorias.

La escasa eficiencia de esta actividad contrasta con la dimensión de los recursos millonarios que en diversos reportes se consideran como lavado de dinero ilícito.

9. La intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en la erradicación de marihuana tiene resultados menores a los de hace 2 años.

De forma por demás llamativa se encontró que la acción reportada por SEDENA en combate al narcotráfico se ha reducido en la tarea de erradicar cultivos de marihuana. En el 2007 se erradicaron 22,952.5 hectáreas, en 2008 18,394.5 hectáreas y en 2009 7,786.9 hectáreas al mes de junio.

En cuanto al uso ilegal de armas, el Tercer Informe refleja un incremento sustantivo pues el escenario de 4,948 armas decomisadas en todo 2007 se rebasó en el primer semestre del 2008. Esta tendencia continuará de forma previsible, pues el total de las armas decomisadas en 2008 fueron 14,774 y en el primer semestre del 2009 se decomisaron ya 11,572 armas.

Lo anterior refleja un cambio de las acciones de la SEDENA que ha dejado de poner énfasis en el combate al cultivo y su despliegue operativo ha conducido a un aumento en los decomisos. La cuestión es si no sería adecuado que las instituciones civiles y militares que encabezan los operativos dieran una explicación mayor de las razones de este cambio en la política.

Por otra parte es importante destacar que México entregó el Informe Nacional al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, derivado del cual se recibieron 91 recomendaciones de las cuales se aceptaron de inmediato 83; pero el Tercer Informe no menciona, sin embargo, que las recomendaciones que no fueron aceptadas versaban sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.

10. Desatención a los delitos cometidos contra periodistas.

En cuanto a la atención respecto de delitos cometidos contra periodistas, no obstante las múltiples agresiones de las que hay diversos testimonios públicos, el Tercer Informe indica que se ejerció acción penal contra nueve personas sin ninguna sentencia condenatoria, en el período que va del 1 de septiembre de 2008 al 30 de junio de 2009.

Lo anterior implica la ausencia de una política decidida para revertir los delitos que se cometen contra la prensa y los medios de comunicación, pues no existen sanciones aplicadas, ni reparación del daño, ni se modifica el tipo de investigación ni se propone un esquema de supervisión por parte de los familiares de las víctimas.

Conclusiones:

En una visión de conjunto de los datos gubernamentales pude concluirse de forma inequívoca que la política de seguridad aplicada por el gobierno no está logrando resultados, porque:

Hay un crecimiento desproporcionado en el uso racional de los recursos en seguridad pública.

En la eficiencia del personal, hay incrementos en el número de elementos sin que ello mejore los servicios públicos.

Respecto a la utilización armónica de los recursos presupuestados, los recursos se asignan a equipo y armamento en demérito de la prevención social del delito y la conformación de indicadores.

Sobre el apoyo federal a las entidades, en un marco de discrecionalidad y opacidad se retuvieron recursos para programas como los de combate al secuestro y el sistema de información no se desarrolla como lo prevé la Ley.

En la evolución del sistema penitenciario, existe una saturación producto de la política adoptada sin que se logren disminuciones significativas.

No hay una disminución del número real de delitos relevantes y la existencia de cifra negra no permite conocer el número de delitos cometidos sino los denunciados.

Sobre la eficiencia en la lucha contra la corrupción, hay disminución en la actividad sancionadora del estado en materia administrativa.

Respecto a la eficiencia en el combate al lavado de dinero, hay una desproporción entre la cantidad de recursos de la delincuencia y los recursos recuperados por el gobierno mexicano.

En la intervención temporal de las fuerzas militares, no hay un plan ni un plazo para limitar a la emergencia su intervención. Se identifican casos significativos de violaciones a derechos humanos y un cambio en la política de combate al narcotráfico.

Sobre atención y disminución de los delitos cometidos contra periodistas, la percepción gremial y pública es que se ha incrementado la violencia contra los medios de información sin que se diseñen ni apliquen medidas para revertir esa tendencia.

Con esta valoración negativa, que se suma a los cuestionamientos de un amplio conjunto de expertos, es indispensable promover la reorientación de la política y los instrumentos de seguridad pública en México.

Existe consenso en la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad pública pero también es cuestionable la estrategia y la orientación seleccionada por el gobierno mexicano.

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